NI ESTADO, NI GOBIERNO, NI AUTORIDAD

Un estado sólido, un gobierno eficiente y una autoridad empoderada, son fundamentales para construir un país no solamente próspero y desarrollado sino justo y verdaderamente inclusivo. Y los países donde las decisiones que afectan a la mayoría son tomadas con criterios técnicos muestran avances y se convierten rápidamente en ejemplos. Precisamente los estados y los gobierno modernos –y eficaces- respaldan sus decisiones técnicas por políticos responsables que, aún cuando pueden correr el riesgo de la impopularidad momentánea, saben que gobernar es tomar decisiones difíciles para avanzar de cara el futuro.

 

Esto, que parece obvio, no es ni lógico ni común entre nuestras autoridades políticas. Un ejemplo reciente nos muestra cómo el poder político –mejor dicho, la politiquería barata- puede desnaturalizar o atentar contra el desarrollo y el imperio de la ley.

 

A principios de la semana pasada el concesionario del Metro de Lima cumplió con lo que le exigía su contrato de concesión y, luego de dos meses anunciando a todos los usuarios, por todos los medios posibles, que debían cambiar la tarjeta múltiple por la personalizada, cambió el sistema. Aún cuando la mayoría de los más de 100 mil clientes realizó –con previsión- el cambio, hubo algunos que no lo hicieron y protestaron cuando se dieron con la sorpresa que, para ingresar al tren, debían tener una tarjeta personalizada.

 

El cambio generaba varios beneficios. Uno: La seguridad, porque cada pasajero sería plenamente identificable en el origen de ingreso y en la salida. Dos: El evitar doble cobro, porque más del 20% de los usuarios pasaban, por error, más de una vez la tarjeta por el torniquete y se les cobraba como si hubieran usado el servicio varias veces. Tres: Los escolares no tenían que pagar tarifa de adulto sino el 50%. Además este cambio es indispensable porque así funcionará el tramo dos que entra en operación en Julio de este año permitiendo las tarifas diferenciadas siendo lógico que pague menos quien va de estación a estación, con respecto a quien toma, por ejemplo, el tren en Villa El Salvador y se baja en la última estación de San Juan de Lurigancho. Londres o Barcelona, y muchas ciudades en el mundo, tienen el mismo sistema -de tarjetas personalizadas- porque es más económico, justo y seguro.

 

Hubo dos días de reclamos pero los usuarios entendieron el cambio, no sin manifestar su malestar, y cuando diríamos que ya estaba implementado, hizo su aparición el congresista, nacionalista, Jaime Delgado. El mismo que promovió la discriminatoria, inaplicable y paternalista “Ley de comida chatarra” que busca decirles qué comer a los peruanos, o el proyecto de “Ley de insolvencia familiar” para promover el “perro muerto” entre los deudores. Delgado se metió en el debate del tren y ahora ha citado a la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, que depende del MTC, y al concesionario, para que vayan al congreso el próximo Lunes 20.1.14 para “darle explicaciones”. Mientras tanto la AATE, asustada, decidió dar marcha atrás y dejar sin efecto la indispensable modernización.

 

Este es un típico caso donde la autoridad técnica y una empresa privada, a pesar de ejecutar lo que dice un contrato que es ley entre las partes, están sujetas al capricho de un político de turno que siente que tiene “luz verde” para actuar sin entender que con su actitud demagógica sólo socava al estado, al gobierno y a la autoridad. Los políticos responsables deben ponerse no del lado de la protesta sino de la ley y del estado de derecho.

 

Por: Alfonso Baella Herrera

Publicado por Expreso el 19.1.14

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